Reacciones al proyecto de ley 3464, que se ha reseñado aquí (con comentarios de Luis Lumbreras y María Elena Córdova). La respuesta de Cecilia Bákula la pueden encontrar aquí.

“Jurídicamente y doctrinariamente se pueden dar y sustentar muchas objeciones al Proyecto de Ley Nº 3464/2009-PE, pero el tema no es únicamente de carácter jurídico; los bienes culturales cumplen una función social que es el ejercicio ciudadano de acceso a la cultura, de conocer una parte importante del pasado y la historia de nuestro país, y no es sólo un elemento físico y patrimonial visto como obstáculo de desarrollo, con lo cual no es que se olvide la crisis en la que está la protección de los bienes culturales inmuebles en el Perú, lo que es también una responsabilidad política de las autoridades que deberían fijar fondos importantes al Instituto Nacional de Cultura para poder permitirle un manejo adecuado de los bienes y dotarlo así de la capacidad económica y técnica necesaria para cumplir con sus obligaciones en materia de patrimonio cultural.” (Perú, el país de la cultura nunca jamás, Adriana Arista, Tándem)

“En economía hay una vaina llamada “incentivos perversos”. Se trata de esas ocasiones en las que uno quiere fomentar algo bueno, pero porque diseñaste mal la acción que pensaste para promover eso bueno, terminas haciéndole daño. No es muy complicado, realmente. Claro que una vez que metiste la pata tienes como primer paso que tener la humildad necesaria para aceptar que la regaste en el piso del baño. Ya luego podemos pensar en las medidas que podemos aplicar para limpiar el desastre. […] Un ejemplo perfecto lo tenemos en la Casa Marsano. ¿Se acuerdan que hace unos años teníamos en la Avenida Arequipa, a unas cuadras del óvalo de miraflores, un hermosísimo palacio construido en 1921? En este post de un blog que ni conocía le escriben una oda. Este monumento a la cultura peruana fue demolido no hace mucho primero para construir un hotel (proyecto que no progresó) y luego para construir ese centro comercial que parece una caja de zapatos. […] Ahí está el incentivo perverso. Prefirieron bajárselo y construir literalmente cualquier cosa en su lugar. Gracias, INC.” (La importancia de la cultura, Hans Rothgeisser, Economía de los mil demonios)

“La Ley Nº 28296, del 22 de julio de 2004, establece políticas nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. El Artículo VI del Título Preliminar de dicha Ley señala que “los derechos de la Nación sobre los bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación son imprescriptibles”. Y el Artículo VII de su Título Preliminar indica que “el Instituto Nacional de Cultura, la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación, están encargados de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación dentro de los ámbitos de su competencia”.

Lejos de asumir la obligación de fortalecer a estas entidades para que tengan mejores condiciones técnicas y profesionales para el cumplimiento de su compleja labor, dada nuestra inmensa riqueza cultural, la propuesta del Poder Ejecutivo plantea retirar al Instituto Nacional de Cultura (INC), la facultad de declarar qué bienes inmuebles pertenecen al Patrimonio Cultural del Perú, propiciando la desmonumentalización de los bienes culturales ya declarados, que ya no tendrán más las calidades y valores culturales que fundamentaron su condición de bienes patrimoniales protegidos.” (Pronunciamiento de la Coalición Peruana para la Diversidad Cultural frente al Proyecto de Ley 3464)

“Los arqueólogos, los historiadores, los artistas, los intelectuales en general, como las instituciones que los representan, es decir, aquellos de quienes cabría esperar una reacción enérgica, se mantienen hasta ahora en silencio. Quizá en esto influya el escaso aprecio que se tiene por el INC, tan burocrático y tan pálido. Pero hablaría muy mal de ella que la intelligentsia del país viera impasible que en vez de los especialistas del INC –que han dado pruebas de su celo– sea el Congreso de la República –que tantas pruebas viene dando de la defectividad de sus miembros– quien decida cuáles bienes culturales deben preservarse y cuáles no. Sobre todo si la decisión se ha de tomar cuando hay intereses mercantiles opuestos a la preservación.” (Bocas bien cerradas, Abelardo Oquendo)

“Ni el Presidente de la República, ni el Congreso están por sí mismos, por muy alto que sea su cargo, en capacidad de satisfacer esta función, porque es de rango técnico-profesional y no político”, así, con estas palabras, un grupo de reconocidos arqueólogos se oponen al proyecto de ley Nº 3464/2009-PE que el Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República con el cual pretende quitarle al INC la facultad de declarar qué bienes forman parte del Patrimonio Cultural.” (Arqueólogos: ¡No, señor presidente!, Pedro Escribano)

“El Patrimonio Arqueológico de la Nación está el peligro, una vez más, y es necesario que los políticos piensen más en la defensa del Patrimonio Arqueológico que nos han dejado nuestros antepasados, en los intereses del público y del pueblo que los ha elegido y que piensen menos en los intereses de los inversionistas. Estos se irán. Pero los monumentos arqueológicos deben perdurar por encima de cualquier Acuerdo de Promoción Comercial del Perú-Estados Unidos, o con cualquier otro país de este planeta. Los legisladores deberían atender con la misma diligencia los pedidos de las Universidades, de los Colegios Profesionales y del público, que los ha elegido y proceder sin premura y con sabiduría, respetando y defendiendo el Patrimonio arqueológico por ser un legado único e irrepetible.” (Pronunciamiento de Hugo Ludeña, Universidad Nacional Federico Villarreal)

“El Proyecto de Ley Nº 3464 pretende quitarle al Instituto Nacional de Cultura la potestad de declarar cuáles son bienes culturales de la Nación, para otorgarle esta facultad al Congreso de la República. El objetivo es que sea fácil retirar la condición de patrimonio intangible a diversos monumentos arqueológicos que, según algunos, “obstaculizan” los proyectos de inversión pública y privada. Esto, evidentemente pone en grave peligro la riqueza arqueológica del país y las investigaciones científicas sobre el pasado peruano.” (Arqueólogos peruanos contra el proyecto de ley 3464, Arturo Gómez)

“En conclusión, en lugar de reducir las facultades de los organismos competentes al trasladar al ámbito político la determinación de lo que se debe proteger y generar mayor gasto por expropiaciones, lo adecuado es aprobar medidas económicas que incentiven la conservación del patrimonio por parte de la iniciativa de sus propios propietarios.” (¿En manos del Congreso de la República?, Juan Pablo de la Fuente, El Comercio)

Esta columna se irá actualizando mientras existan más y más reacciones (espero).

Más:
– Todo sobre el Proyecto de ley 3464
La falta de liderazgo de Cecilia Bákula en políticas culturales (Santiago Alfaro)

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