Nino Bariola, un habitual del blog, y Ramón Rivero, ambos de la SPDA, han escrito un texto sobre la minería informal en Madre de Dios. Publicado primero en Punto Edu. Sin estar muy de acuerdo con el último párrafo (sobre todo por el papel que le ha tocado a Brack en el cuidado de la selva, especialmente viendo sus opiniones sobre el futuro de Inambari). Los énfasis son míos.

La “minería salvaje” y el Estado

Hace pocos días, Alan García utilizó el calificativo de “salvaje” para la actividad minera ilegal en Madre de Dios. Considerando que dicha actividad implica condiciones laborales de explotación, trata de personas, prostitución, evasión tributaria y severísimos impactos ambientales la calificación del Presidente, en principio, no parece descabellada. Preocupa, sin embargo, el hecho de que de sus declaraciones sea posible derivar una cierta demonización de los mineros que puede propiciar la ilusión de que la problemática de la minería informal en Madre de Dios es producto únicamente de la falta de conciencia social y ambiental de quienes extraen oro en esas zonas. El asunto es, en realidad, bastante más complejo.

En primer lugar, muchos de los mineros que trabajan en Madre de Dios provienen de regiones aledañas, varias de las cuales comprenden distritos con altos índices de pobreza extrema y en las que las que, a pesar de la descentralización, la forma del Estado, cuando existente, es precaria. La falta de oportunidades de desarrollo los impele a buscarlas allí donde estas se encuentren disponibles. En segundo lugar, si reciben noticia de que hay oro en el departamento de al lado, aunque implique el sacrificio de migrar y de vivir en condiciones duras, ¿no es acaso una oportunidad? Además, ¿no se vanagloria el gobierno de los grandes ingresos de la minería? ¿Hay afectación social y ambiental? Sí, pero si se aprecia que las grandes empresas salen impunes de las demandas por contaminación ambiental (Doe Run) o por embates contra los derechos humanos (Majaz), no resulta descabellado preguntarse si acaso habría de preocuparse el gobierno por el trabajo que hace un ciudadano pobre en zonas remotas de la selva.

Sin que sean exhaustivos, estos dos puntos ilustran que la problemática de la minería ilegal es más profunda de lo que se puede pensar a partir de las declaraciones del Presidente. Por supuesto, no queremos decir aquí que los mineros no tengan responsabilidad –nada justifica la ruptura de la ley. Lo que intentamos señalar es que no son ellos los únicos deudores para con el Estado de Derecho. Es también responsable el propio Estado por haber históricamente desatendido a las condiciones sociales, políticas y económicas que hicieron que el desorden de esa actividad se desencadene: políticas redistributivas con poca capacidad y consistencia, la promoción a toda costa de la gran minería de parte el sector Energía y Minas, y la excesiva permisividad con las afectaciones sociales y ambientales contribuyen con fijar en el imaginario social una concepción del Estado como una instancia débil.

En ese marco, merece especial aplauso la iniciativa del gobierno –liderada por el ministro Brack– para enfrentar los impactos sociales, económicos y ambientales de la minería ilegal en Madre de Dios. Esperamos que esta medida marque un giro respecto del devenir arriba descrito, y que forje en el gobierno un espíritu de mayor respeto al interés ciudadano y al medioambiente. Y esperamos asimismo que la revisión que está en curso del decreto de urgencia que generó el paro minero no implique tomar marcha atrás, sino que signifique la implementación de medidas sólidas, que trasciendan el carácter temporal y generen efectos permanentes para una ejecución continua del Estado de Derecho con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país. (Fuente: Punto Edu)

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