Rafael Rey, ministro de defensa, no solamente piensa en sí mismo como un cruzado contra los llamados caviares nacionales (ver artículo de Alberto Vergara para profundizar dicho término) sino, sobre todo, contra la amenaza caviar internacional.

Más allá de la vergüenza que uno puede sentir, es lamentable que un ministro de defensa se preste a intereses tan particulares como mezquinos como el del Decreto Legislativo 1097. Es la mezquindad de no pensar en que la dilación de un juicio es todavía más injusto con las víctimas que siguen esperando justicia que con los presuntos culpables. Si tanto le importara, podría fortalecer los mecanismos de acceso a información que los familiares de tantos muertos, desaparecidos, las mujeres que sufrieron violaciones sexuales en los cuarteles, etc., vienen reclamando.

El asunto es que no le importa. Gente como Rafael Rey considera el pedido de justicia (requisito fundamental de cualquier democracia que se precie serlo) como un lloriqueo. Y por supuesto que sirve a intereses particulares: ¿Cuál es el grueso de militares y policías procesados antes del 2003? Evidentemente, aquellos que estarían involucrados en crímenes de lesa humanidad (tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violación sexual) en el período de violencia política. Militares y policías que, además, tienen abogados pagados en parte por el estado peruano. Más parcial no podría ser. Juez y parte. A tanto llega lo vergonzoso que el partido aprista ha salido a enmendarle la plana.

Rafael Rey cumple perfecto su papel de portapliegos del ala más dura y conservadora, cuando no autoritaria y criminal, de las Fuerzas Armadas.

Este jueves hay movilización para rechazar el DL 1079. Vamos.

Más. Enlaces:
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Recambio ministerial, entre urnas y decretos (José Alejandro Godoy)
Vargas Llosa renuncia a la presidencia del Lugar de la Memoria (vía IDL-Reporteros)

Actualización (13 de setiembre del 2010):
– El Poder Ejecutivo ha pedido que se derogue con carácter de urgencia el DL1097 (fuente: Twitter de Palacio de Gobierno). Golpe para el fujimorismo.

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