Hace un tiempo, por iniciativa de Eduardo Villanueva, se realizó un debate en torno a los derechos digitales en el Perú. Esto es, los derechos fundamentales que deberíamos tener en el entorno digital. El debate se dio, se armó, mucha gente participó y así quedaron cinco principios. Aquí nos interesa resaltar el primer principio:

El libre acceso a la Internet es un derecho fundamental porque la Red es uno de los espacios naturales para el ejercicio pleno de la ciudadanía y la libertad de expresión. Por ello, no debe restringirse el acceso a la Internet a nadie, salvo pérdida de derechos ciudadanos por condena penal. (Primer Principio, Derechos Digitales en el Perú).

Está claro y es obvio que internet es algo más que entrar a Hi5 o a Facebook. Es un espacio que permite el libre ejercicio de la opinión. Es decir, es un espacio de ejercicio de la ciudadanía.

La sentencia de la jueza La Rosa, comentada por Miguel Morachimo de Blawyer.org, no es por el link en sí mismo, sino por considerar agraviante que José Alejandro Godoy le diga “joya política” al señor Mufarech. Sinceramente, cosas peores se dicen en las redes. Pero ese no es el caso, ni tampoco debería ser una disculpa.

“…el derecho a la réplica, consagrado por la Convención Americana de Derechos Humanos y examinado por la Corte Interamericana, ya ha sido satisfecho y no incluye la supresión del artículo considerado infamante. ¡Tan es así esto último, que la sentencia de la jueza no ordena a Godoy retirar el artículo, como era la pretensión de Mufarech! (El caso Godoy Mufarech, Eduardo González)

El punto central es que esta es una sentencia que restringe la libertad de opinión. La jueza La Rosa está ordenando cómo expresarse y cómo hablar en público.

Si yo leo un diario, un diario serio como La República o El Comercio, leo un informe de investigación periodística y creo en la sinceridad y en la argumentación basada en hechos de dicho reporte, yo puedo opinar a favor o en contra de los resultados. Es mi derecho creer o no en lo afirmado allí. Y puedo dar mi opinión donde yo quiera. Puedo decirle a mis amigos “el diario La República me ha convendido, Fulano de Tal es un corrupto”. Es implícito que mi opinión está basada en mi propia deducción y en hechos y datos públicos. Nadie podría demandarme por dar esa opinión. En teoría.

Lo mismo pasa en internet. En efecto, como señala Erick Iriarte, cada uno es responsable por lo que dice (dentro o fuera de internet, sea el medio un fanzine, un graffiti, un blog, una radio, etc.), pero por sobre todo está la libertad de opinión. Y esta sentencia afecta directamente esta libertad.

El problema es que internet no es un medio, en el sentido clásico (y a contrapelo de lo que dice el Código Penal Peruano). Como tampoco lo es Twitter, los blogs, Facebook, etc. Como lo señalaran diversos autores desde McLuhan (quien se adelantó a internet en su libro Comprender los Medios de Comunicación) hasta Biondi y Zapata, hay mucho de preindustrial en estos canales de comunicación post-industriales. Sin entrar en detalles, escribir un post en un blog es tan cercano a la escritura de una columna como al hablar con tus patas en un bar sobre cualquier tema que te interese. Y eso es lo que se está juzgando. Imagínense a un árbitro demandando a toda una barra del estadio por llamarlo “vendido” o “echado”.

Porque si “joya política” es ahora un agraviante (según la particular opinión e interpretación de la jueza La Rosa), qué se puede esperar de todo lo que se dice o afirma en las redes. A modo de broma, alguien podría demandarme si yo afirmo que dios no existe, ya que podría estar afectando su honorabilidad y palabra. Ya cualquier cosa, dependiendo del Torquemada de turno que te toque en el Poder Judicial.

La mitad de haters en internet (que pululan en Twitter) empezarán a hacer cola esperando por sus juicios.

Post-Scriptum: En este comentario (21/08/2009), Jorge Mufarech (se comprobó la identidad) acepta que el asunto es debatible. También puede leerse este post de Jorge Bossio sobre Fahrenheit2.0.

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