Aunque no se sepa o se recuerde mucho, el cinco de abril, esto es El Cinco de Abril en mayúsculas, fue un golpe de estado que se gestó mucho antes que apareciera Alberto Fujimori. Los ochentas fueron los años en los que vivimos en peligro, y pensamos que no sobreviviríamos como nación: Una hiperinflación que debilitó a la sociedad en su conjunto (Cotler con suma razón preguntaba qué sindicato podría existir con una situación económica de ese tipo), la sensación de violencia generalizada golpeando más y más las ciudades, sin clases dirigentes y con la política yendo a otra velocidad. Fue en ese escenario que los militares pensaron en ponerle un fin al sistema democrático (que solo tenía nueve años por ese entonces).

Sin embargo, los tiempos de los golpes de estado militares habían pasado. Eran también los tiempos en los que Pinochet (el modelo más cercano para la cúpula militar) ya estaba de retirada. Se necesitaba una fachada civil. Por supuesto que del lado de la izquierda no se podría conseguir a nadie que se preste (además, los militares acusaban a toda la izquierda de la situación que se vivía por aquel entonces). La derecha, los partidos de derecha, estaban en un proceso de unidad frágil (“una gran ingenuidad”, según el autor José Carlos Requena, reseñado por José Alejandro Godoy). Y de pronto surgían los outsiders, figuras mediáticas, carismáticas, con pasados algo nebulosos. Surgió Alberto Fujimori. El Frankenstein que los militares y buena parte de los empresarios necesitaban.

Foto por a75. Algunos derechos reservados.

Que no se diga que fue sorpresivo, porque varios ya habían ido denunciando la preparación del golpe de estado (entre ellos, un importante Javier Diez Canseco, al que se le extraña en el Congreso). El Grupo Colina, ese comando de aniquilamiento de las FFAA, ya existía antes del 5 de abril de 1992. Lo fuerte es que muchos aplaudieron el fin de la democracia que teníamos por aquel entonces.

El golpe supuso también la impunidad. Tuvimos ocho años de instituciones copadas y tomadas: Poder Judicial, Poder Legislativo, Fiscalía, Medios de Comunicación, Universidades, etc. Donde señalar la corrupción y los crímenes de lesa humanidad era una antesala a la burla por parte de las autoridades o una levanta de hombros por parte de los vecinos. Si murieron, por algo será, decían, algo habrán hecho.

Trailer del Documental La Cantuta en la Boca del Diablo. Se puede ver completo en la web del Diario La República.

Y sin embargo, como todo, la dictadura (los académicos dirán autoritarismo académico, pero este no es un post académico) cayó. Y cayeron los responsables. Allí están en la cárcel Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, buena parte de la cúpula de militares de los noventas, dueños de medios de comunicación, etc. Seguramente habrá gente que pasó piola o que en el último momento saltó del barco.

No importa. Se alcanzó algo de justicia, frente a la impunidad anterior.

Ahora hay muchos que dicen que en el Perú no hubo democracia o que hay costos que pagar. Algo así decía Abimael Guzmán (“malditos sean los que comienzan la guerra”, decía Carlos Giménez en su gran libro “Los años 39-39. Malos tiempos”). Que la paz requiere cuotas de sangre. Quién sabe. Lo que sé es que nos costó tiempo, sudor, lágrimas y tragarse tantas cosas recuperar o ganar un poquito de libertad el año 2000.

Si alguien más me repite que nunca tuvimos democracia, de verdad, que hay que ser algo miserable.

Más:
- El 5 de abril y la economía de mercado (José Alejandro Godoy)
- Lo que mal empieza (Marco Sifuentes)

Perutags: 5 de abril 1992 alberto fujimori cinco de abril fujimorismo dictadura keiko fujimori vladimiro montesinos la cantuta video youtube

Hagamos algo de esfuerzo futurólogo. De pasar @PPKamigo a la segunda vuelta, muchos van a decir que fueron las redes sociales las que le dieron el pase, que fueron determinantes y que la política nunca va a ser igual después de ellas. Para bien o para mal, porque al mismo tiempo se analizarán los contenidos y flujos que han circulado por las redes.

Sin embargo, de pasar @AToledoManrique a la segunda vuelta, se dirá lo contrario, que una vez más de demostró que las redes sociales no han servido para nada, que la calle es la que determina la política y que las revoluciones no serán tuiteadas.

¿Cuál de estas posiciones tiene razón? ¿La línea apocalíptica o la línea integrada?

Coincido con el amigo @Ocram hoy en la nota que apareció en Somos: Las redes no han sido aprovechadas para difundir ideas ni propuestas. Más han circulado escarapelas virtuales por Facebook, correos electrónicos sobre ballenas suicidas, campañas contra candidatos, etc. Los candidatos además “hablan, pero no conversan” (según estudio de Llorente & Cuenca, en presentación insertada más abajo).

El caso es que las redes sociales no va a cambiar un escenario político descrito por varios como Martín Tanaka, Carlos Meléndez, Eduardo Dargent, entre otros. Sin partidos políticos, con un elector básicamente pragmático y cortoplacista, etc., y demás cosas que ya todos sabemos. ¿Por qué las redes sociales y su uso para la política debía traer como consecuencia el fortelacimiento de los partidos? Al contrario, lo que podemos observar (de manera muy superficial) es que ya no existe más el debate interno y todo se filtra (como le ocurrió a Susana Villarán y a Fuerza Social en los últimos meses). Los partidos así deberían adaptarse a una situación de simpatizantes y militantes que participan en distintos niveles y canales, mucho antes que cerrarse a un discurso ombliguista. Se pueden encontrar más interesantes e importantes discusiones en Facebook que en una asamblea partidaria.

(Allá por el año 2001, escribía en un primer acercamiento al tema de los jóvenes y la política que “el trabajo en redes es más arduo e implica definir, hacer más concretas, las prácticas políticas” y que “aparente actitud pragmatista, antipartidarista, de muchos grupos nos mostraría el rechazo a un cierto tipo de circuito político imperante”. En realidad, lo que estaba viendo era el fin del partido de masas a un tipo de trabajo más abierto, pragmático. Es lo que Castells ha venido llamando el paradigma del informacionalismo aplicado a la política).

Si nos fijamos en los cambios de comportamiento en los votantes jóvenes, notamos lo siguiente.

Fuente de la información: Ipsos-Apoyo. Elaboración propia. Ajustada a escala temporal.

Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski subiendo. ¿Cómo y por qué cambian las preferencias electorales en los más jóvenes? ¿Qué medios o canales utilizan para informarse? ¿Es solo el boca a boca? ¿Correo electrónicos? La caída de Castañeda en el sector joven es fuerte, así como el crecimiento sostenido de PPK y el de Humala. Lo de Toledo y la forma cómo ha ido perdiendo fuerza también. Es posible que PPK haya llegado a un techo en el sector joven.

En la actualidad, Facebook calcula que hay cerca de 5 millones de usuarios peruanos entre los 18 y los 29 años. ¿Valdrá la pena todo el esfuerzo en el marketing político digital?

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En el último número de Perú Económico, aparece un artículo mío sobre la postergada pero urgente Ley de Consulta Previa. Publico aquí el artículo completo, antes que haya pasado por la navaja de la edición impresa (el problema de los límites de palabras).

Uno de los temas más fuertes en el debate político del año pasado tiene que ver con la implementación de la Ley de Consulta Previa para Pueblos Indígenas. Opiniones van y opiniones vienen, pero la realidad es que este es un compromiso del Estado peruano desde la década de los noventa cuando firmó el famoso Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. En este debate también circularon varios mitos, como el que este convenio y la posterior ley de aplicación no iban a hacer otra cosa que fragmentar la unidad del país.

En primer lugar, el Convenio 169 parte de un hecho concreto: muchos países han nacido en un contexto colonial, donde el proceso de independencia no trajo consigo el restablecimiento de derechos previos a la conquista y colonia. Por ende, aunque no es un instrumento temporal, el Convenio 169 busca ser una herramienta de acción afirmativa. Es decir, busca restituir derechos a las poblaciones locales en países post-coloniales; derecho sobre todo a la consulta sobre políticas públicas de educación, salud, regímenes laborales y, he allí la parte más conflictiva, la concesión de territorios para explotación de recursos naturales.

Desde que el Perú ha firmado y ratificado dicho Convenio, éste tiene el rango de norma de Constitución: tiene tanto valor jurídico como cualquier artículo de nuestra Carta Magna. Y, como se desprende de su lectura y aplicación, tiene que ver mucho más con una reforma integral del Estado que con la aplicación de plebiscitos al momento de aprobar una concesión minera o de hidrocarburos.

El Convenio bosqueja formas de participación ciudadana no necesariamente vinculantes (por el universo de tipos de consultas) para estas poblaciones cuando, por ejemplo, se quiera establecer una política educativa intercultural. Y, evidentemente, el Estado peruano no está preparado aún para ese tipo de participación y consulta.

El año pasado estuvimos a punto de contar con una ley que delimite mejor la aplicación del Convenio 169. Sin embargo, uno de los mayores puntos de conflicto entre varias partes tenía que ver con la definición de “pueblo indígena”. ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes están fuera o dentro? ¿A quiénes se consulta? En segundo lugar está el problema del cómo, ya que es claro que es distinta la consulta para la aplicación de una política de salud con enfoque intercultural que una sobre un proyecto hidroenergético.

El asunto del quién es o no indígena es complejo y en las ciencias sociales no hay un consenso al respecto. Muchas comunidades campesinas pueden tener toda la razón de querer sentirse incorporadas a los beneficios de la Ley de Consulta Previa. Sin embargo, el debate del año pasado en el Congreso y las observaciones del Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley han llevado todo a fojas cero.

Como se ve, no se trata solamente de crear plebiscitos y asambleas de consulta, sino de adaptar el funcionamiento del Estado peruano a una situación concreta y de acción afirmativa. Si el nuevo gobierno se queda en eternos debates y no promulga la Ley de Consulta Previa, como lo hizo el actual, tendrá que asumir el alto costo político que traerá el rechazo de las comunidades indígenas. Por otro lado si la promulga, las comunidades indígenas tendrían una mayor participación que en este quinquenio.

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