“¿Acaso aún no han aprendido que la Iglesia es insaciable y se toma todas las concesiones sin agradecimiento por lo que se le da y con aire ofendido por lo que aún se le niega? En eso se parece mucho a los nacionalismos… a los que tanto debe y que tanto le deben.”
Fernando Savater – ¿Hasta cuándo? (El País, agosto del 2011)

En principio, asumo desde ya que varios amigos y amigas se van a molestar por estas líneas. Meto mi cuchara aquí, porque el tema entró a los medios masivos desde hace varios días y hasta ahora no encuentro un argumento que justifique por qué el tema de la PUCP es un asunto de toda la ciudadanía peruana. Yo, por otro lado, parto de la idea que el debate sobre el conflicto entre la PUCP y la Iglesia Católica tiene aristas públicas pero también varias que pertenecen a la esfera privada. Aquí intentaré plantearlas. Por supuesto, el debate está abierto en los comentarios.

Benedicto XVI. Foto por Catholic Church. Algunos derechos reservados.

1. El asunto Cipriani. Parte de los argumentos es que hay curas malos y curas buenos. Que si no fuera Cipriani, la cosa estaría muy bien.

El gráfico anterior (elaborado por Carrión y Zárate, 2010) muestra las instituciones con más confianza entre los peruanos. La que sobresale es la iglesia católica (IC). Que la IC se ubique allí por sobre otras instituciones (como el Poder Judicial o el Congreso), revela lo mal que estamos en términos de democracia y ciudadanía.

Si hay un reclamo por parte de la población, no van al Congreso porque hay poca confianza en lo que podrían hacer. Tampoco donde la policía. Van donde el cura. Y, claro, nadie los elige. Dependen de sus superiores. Tienen directivas bien claras, sobre todo en términos de salud reproductiva y sexualidad (no repartición de anticonceptivos, no aborto, no libertades para población LGTB).

Por suerte, se habla siempre de separación entre esfera pública y esfera privada. Tú en tu casa puedes creer lo que quieras (si quieres no usas preservativos, como la IC dice, practicas la abstinencia, etc.), pero en el ejercicio ciudadano no impongas tus creencias. Es un largo camino para separar ambas esferas (la Constitución, por ejemplo, habla de varios conceptos como “invocando a dios todopoderoso”, “el concebido”, “la iglesia católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú”, entre otras perlas), pero bueno, hay un trabajo fuerte que realizar. Augusto Álvarez Rodrich, en ese sentido, equivoca el foco: No se trata de desciprianizar la PUCP (tema interno, privado), se trata de descatolizar el estado y el ejercicio ciudadano.

Parte de ese derecho privado que tienen los católicos es el de tener sus colegios y universidades. Se establece claramente que, mientras se cumplan ciertos niveles o estándares, ellos pueden crear sus centros de estudio. El cómo lo arreglan o cómo llevan la fiesta con la IC, es asunto de ellos. Lo privado es el catolicismo, lo público allí es la regulación.

2. El papel de la universidad. En medio de la crisis de la educación pública, un sector de la clase media limeña apostó por irse al sector privado. Para ello crearon sus colegios y se instalaron en diversas universidades privadas. Una de ellas, la PUCP. Eran otros tiempos y la IC no tenía prerrogativas tan conservadoras como las que tiene hoy (la época de la guerra fría impulsó tal apertura táctica). Eran tiempos de paz y cierta (nunca tanta) tolerancia.

Pero la educación, y en particular la universidad pública, quedó abandonada a su suerte. Dejó de estar en el centro de la agenda pública salvo para exigir intervenciones militares y mano dura. Se concibió a la universidad pública no como un espacio de encuentro entre distintas corrientes de pensamiento, sino como un botín. Hoy por hoy, a la educación pública se le considera un programa de asistencia, para los que no pueden acceder al sistema privado.

Es en ese contexto en el que se da este conflicto entre la PUCP y la IC. Es posible que no entre Cipriani (esta vez). Es posible que se termine negociando alguna línea (el cierre de algún programa “relativista”, en palabras de Ratzinger) dentro de la PUCP, pero lo que este sector de la clase media no se está dando cuenta que el debate público debería estar fuera, en la calidad de la educación para todos. Ok, tenemos un modelo mixto, con educación privada y pública. Entonces discutamos sobre presupuesto público, regulación y estándares para todos. Que no cualquier centro superior se llame universidad porque sí. Por estos días, para tener dos ejemplos, estudiantes de la UNALM que exigen mejor infraestructura o la creación de la Universidad Nacional Técnica de Chincha, cuando el resto de centros superiores no cuentan con los recursos mínimos.

Entonces, claro, Augusto Álvarez Rodrich se pregunta dónde está la Camila Vallejo para la PUCP, cuando la pregunta es por qué la educación pública no está en la agenda de todos.

3. El papel de los medios. Finalmente, no dejará de llamar siempre la atención el papel de los medios al momento de instalar agenda en la opinión pública. Que algo sea un tema de interés no significa que deba ser de movilización ciudadana. Puede ser de interés de mucha gente el robo de la cruz de Motupe. De hecho. Y no publicar una nota al respecto, informando a los fieles, es perder la oportunidad de vender. Pero no por ello se debe confundir al espectadora/lector que este debe ser un tema que nos debe preocupar a la ciudadanía en general.

Que el tema de la PUCP esté en boca de todos los columnistas y que esté en las portadas de los diarios, es una expresión también de las prácticas corporativas en el Perú: Agendas privadas que se imponen sobre las públicas. Como si mañana estuviéramos discutiendo la ciudadanía el nuevo directorio del BCP, como un asunto de importancia nacional. ¿Noticia? Sí, claro. Pero a los ciudadanos nos debería preocupar que se regule bien a los bancos, que cumpla la ley, que los ahorristas estén protegidos dentro de ciertos estándares.

Estos argumentos no niegan que de bronca el bandazo dentro de la IC y que esto afecte a tanta gente amiga, alumnos, ex-alumnos y profesores. Mi solidaridad con ellos.

Sigamos el debate.

Madres peruanas tejen “La chalina de la esperanza” frente al Palacio de Justicia, exigiendo reparaciones económicas individuales por los crímenes cometidos contra sus familiares. Foto por The Advocacy Project. Algunos derechos reservados.

En declaraciones ayer para IDL Radio, el Ministro de Defensa, Daniel Mora, habló sobre las investigaciones que se vienen haciendo sobre crímenes de lesa humanidad (asesinato, desaparición forzada, violaciones sexuales, tortura):

“Creo que debemos llegar a una solución de punto final, de reconciliación del país, no podemos estar permanentemente en esto [investigación a militares]. No puede haber juicios que se destapen después de 40 años, por eso, creo que hay que emplear la ley con toda justicia, equilibrio, pero no puede haber reparaciones solamente para las víctimas del terrorismo, también fueron víctimas muchas personas de las Fuerzas Armadas [...]

[Ellos] han quedado inválidos y no tienen nada. Sin embargo, a una supuesta víctima del terrorismo le dan 200 mil dólares y a un soldado víctima no le dan nada. Y lo otro [que debería hacerse es] eliminar para siempre el tema de decir que fue una política deliberada del Estado. Entonces, creo que eso es fundamental [resolver] para ir camino a una reconciliación que el país necesita. El país, si quiere ir creciendo, debe eliminar todas esas aristas porque también afectan al desarrollo, aunque parezca mentira”.(Fuente: IDL Radio. Los énfasis son míos)

Una política de Punto Final es aquella que plantea un borrón y cuenta nueva. Que solamente terminen de juzgarse aquellos casos que ya están casi resueltos y hacer una suerte de amnistía por todos los casos por venir. Justo caen las declaraciones cuando hace dos días se recordaba que existen todavía 15 mil peruanos desaparecidos durante los veinte años de violencia política y que necesitamos una política para resolver tanto dolor por parte de los familiares.

Lo dicho es peligroso y horrendo. Las políticas de borrón y cuenta nueva son todo lo contrario a la búsqueda de justicia y reparación, básicos para un crecimiento democrático del país (que es lo que, amañadamente, reclama Mora).

Habiendo tantas personas en el gobierno vinculadas a la defensa de los derechos humanos, lo mínimo que se espera es una rectificación. Lo mínimo porque si hubiera entrado Keiko Fujimori, varios congresistas, hoy del oficialismo, estarían exigiendo la presencia del Ministro en el Congreso.

Pero, seguramente, están más preocupados en irse a Ica.

Más:
- Váyase del gobierno, señor Mora. Eduardo González.

Perutags: #15mil desaparecidos crimenes de lesa humanidad daniel mora ministro de defensa violencia politica