(Artículo originalmente publicado en la Revista IDEELE, número 212, año 2011)
Yo quiero partir primero de la idea general que los medios de comunicación brindan un servicio público. Sin entrar en los detalles de normativas, donde hay gente mucho más experta que uno, cuando hacemos énfasis en esta idea, de que se tratan de empresas privadas que hacen algo al público (esto es, a la ciudadanía), es que podemos pensarlos desde su tangibilidad. Son públicos, por ende, no son autónomos, se rigen bajo leyes que son discutidas (o deberían ser discutidas) por la ciudadanía, la sociedad civil, los partidos, las organizaciones, etc.
Foto por Jeevs. Algunos derechos reservados.
Sin embargo, hemos olvidado lo que “lo público” significa. Los medios de comunicación masiva son, en efecto, empresas privadas, que lucran, pero que no pueden hacer lo que les da la gana. “Lo público” tiene que ver con lo común a los ciudadanos, con aquel lugar (físico, simbólico) donde los ciudadanos y ciudadanas se encuentran, discuten, debaten, se tensan y llegan a un acuerdo sobre su uso (y disfrute) compartido: un parque, un colegio, una universidad. ¿Qué queremos de todos estos lugares? ¿Para qué nos sirven? Recuperar el sentido de lo público no solamente implica que estén a disposición de todos, sino también que reconozcamos que sin ese lugar común no hay ciudadanía posible. Es la vuelta de tuerca de ese proceso que nos llevó de ser ciudadanos a consumidores, a ser ciudadanos de nuevo. Peor aún, en una América Latina donde no todos han sido considerados ciudadanos antes ni nunca.
“Lo público” tampoco es un privilegio otorgado. “Lo público” se conquista, se toma, se reclama, se exige. Aquí hay mucha confusión incluso entre lo estatal y lo público. No se trata de “nacionalizar” o “estatizar”, sino, por el contrario, de hacerlo de todos.
Con este preámbulo, vamos ahora a discutir el sentido del servicio público de los medios de comunicación masiva. El nuestro es un modelo que le dio el poder al sector empresarial, al mercado, para “llenar un vacío”. En la medida que el estado no podía (o no quería) dar ese servicio y a la ciudadanía (en ese entonces, en los cincuenta, “ciudadanos” no éramos todos) no le interesaba quien se lo brinde, fueron empresarios los que asumieron la responsabilidad de producir contenidos masivos que lleguen a la mayor cantidad de personas.
Ojo, no es el único modelo. En la nada comunista Inglaterra, por ejemplo, fue el estado el que asumió la producción de contenidos, brindando un servicio público masivo (ver también el libro de Peter Burke y Asa Briggs, De Gutemberg a Internet). Se consideró allí que la televisión no era tampoco un derecho humano, por lo que si alguien quería tener dicho servicio debería y debe hasta ahora pagar una tasa por cada televisor que posea en su casa. De ese modo, la histórica BBC se sostiene. Su consejo directivo, además, es independiente a los gobiernos. No solamente hay reglas claras que lo sostienen y aseguran su funcionamiento, sino también hay un acuerdo entre los ciudadanos que así debe ser. Ese conjunto de reglas claras y consensos se llama institucionalidad.
Nuestro modelo, por el contrario, es una suma de errores. Tenemos canales de televisión que se saltan olímpicamente todas las regulaciones, que establecen entre otras cosas que uno, un ciudadano peruano, una persona natural, no tenga la concesión (porque el país sigue siendo propietario) de más de una señal para transmitir televisión en señal abierta. No ocurre. A través de testaferros, alguien puede hacerse de la concesión y alquilarla a otro. No existe una superintendencia de comunicaciones que regule estos problemas. Otros canales están en manos de juntas administradoras bastante frágiles. La concesión de un canal de televisión, así, puede cambiar de manos si a algún Juez Dredd así se le ocurre.
Por otro lado, reconociendo inclusive todo el trabajo heroico de muchos de sus trabajadores, no tenemos un canal del estado fuerte que haga el equilibrio. Su concejo directivo depende del gobierno de turno. Su presupuesto es una incertidumbre. Es sabido que, por ejemplo, muchos de sus archivos históricos se han perdido porque faltaron cassettes para grabar los nuevos programas.
Y claro, a los ciudadanos y ciudadanos no nos preocupa, porque cada vez optamos más y más por el cable. O Internet. La televisión, aún siendo el principal medio para la difusión de información, es un gran elefante blanco del que nadie se quiere hacer cargo.
Esto es falta de institucionalidad. Con ello, es fácil que a algún gobierno se le ocurra presionar para que salga algún periodista incómodo y, encima, que tenga éxito. Amenazas con cumplir la ley. Nada más y nada menos.
No quiero aquí proponer o plantear cómo sería ese nuevo marco institucional para los medios de comunicación. Creo que me faltan bastantes herramientas. Lo que sí quiero remarcar es en la necesidad de interesarnos por su destino. Se ha venido discutiendo, por ejemplo, un nuevo modelo para la televisión digital, lo que va a permitir ampliar el espectro de canales abiertos. ¿Quiénes lo van a administrar? ¿Serán realmente medios de servicio público? ¿Habrá algún defensor del televidente, que pueda vigilar efectivamente la autorregulación de los contenidos? ¿Qué papel debe cumplir la televisión del estado? ¿El concejo directivo del canal del estado será elegido a dedo por cada gobierno? ¿No puede ser de otra manera? ¿Cómo asegurar la institucionalidad? Algunas pistas han sido planteadas en este texto. Es importante llevar estas preguntas a cada espacio, a cada lugar, universidades, organizaciones, partidos.
No hay tampoco tanto tiempo. Mientras más nos demoremos, habrán otros que decidan por nosotros.
Más: Mañana miércoles 5 de octubre tendremos una mesa redonda con Marco Sifuentes (@ocram) y Jacqueline Fowks (@jfowks) justamente llamada Los medios que queremos. Más información en Fundación Telefónica.
