Hoy, como bloguero invitado, Juan Luis Dammert B.

En su Breve historia del Neoliberalismo (Oxford, 2005), David Harvey muestra los orígenes del proyecto neoliberal y el uso que este hace del concepto de la libertad. El neoliberalismo, en la visión de Harvey, es entre otras cosas un proyecto de restauración de poder económico en favor de una élite pequeña. Pero ya que es difícil lograr que un proyecto así sea popular, este se presenta como un programa más amplio de promover libertades individuales. Así, la represión en Chile y Argentina en los años setenta, las privatizaciones a precio de remate de bienes públicos, los rescates financieros del FMI, la cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos a nivel mundial, la invasión de Irak, etc., fueron todos promovidos y defendidos en nombre de la libertad.


Imagen: Carlin (Carlos Tovar). Fuente: La República

En su libro La Gran Transformación (Nueva York, 1944 – no confundir con el plan de gobierno de Gana Perú), Karl Polanyi argumenta que en sociedades complejas el significado de la libertad se vuelve tan contradictorio como persuasivo. Pero nota que hay dos tipos de libertades, uno bueno y otro malo. Las libertades “malas”: la libertad para explotar a sus semejantes, la libertad para tener ganancias exorbitantes sin prestar servicios a la comunidad, la libertad de limitar el uso de inventos tecnológicos para el uso público, o la libertad de lucrar con calamidades sociales tramadas por precisamente aquellos que lucran con ellas. En economías de libre mercado pueden coexistir estas “libertades malas” con otras “buenas”: libertad de pensamiento, de expresión, de reunión, de elegir el propio trabajo, etc. De acuerdo con Polanyi, la regulación y el control podrían estar al servicio de promover las libertades “buenas” (a favor de las mayorías) y de limitar las “malas” (libertades para unos pocos), evitando así que el concepto degenere en una defensa cerrada de la libertad de empresa.

Es muy difícil, por no decir imposible, estar en contra de la libertad, o de la libertad de expresión. El problema está en qué cosa entendemos por libertad y para qué fines se utiliza el término. En este sentido, la forma en que se ha usado, implícita y explícitamente, la noción de libertad en el debate sobre la concentración de medios en el Perú es sumamente ilustrativa. El grupo El Comercio se ha esforzado en plantear el debate en términos de la “libertad de expresión” versus el control estatal. Recordemos algunos de los titulares recientes del Decano de la prensa: “Humala lanza velada amenaza contra la libertad de expresión”, “Humala pide que Congreso intervenga en medios de prensa”, “Humala va en el camino del velasquismo, del montesinismo y del chavismo, asegura Alan García”, “Ministro ya sugiere maneras de restringir propiedad de medios”, “Propuesta de Humala “busca coaccionar” medios no afines al Gobierno (Así lo aseguro Carlos Bruce)”, etc. No tengo interés en analizar aquí los recursos ideológicos y falacias evidentes en la mayor parte de estos titulares, sino tan solo anotar cómo se intenta empaquetar (otra vez) la discusión como una disputa entre la libertad y el estatismo. Y este claramente no es el caso. Esta es, más bien, una disputa entre pluralidad y acaparamiento.

Felizmente, fuera del 80% y sus socios políticos, existen muchos matices, incluso dentro de la tradición liberal. En la demanda de amparo presentada por ocho periodistas (entre ellos Rosa María Palacios, Mirko Lauer y Augusto Álvarez Rodrich) se señalan una serie de puntos importantes. Por ejemplo, se recuerda que el Tribunal Constitucional reconoce que hay una inevitable dimensión colectiva en la libertad de expresión. Los firmantes argumentan que los ciudadanos forman su opinión en base a la disponibilidad de información, por lo cual la pluralidad de ideas resulta indispensable para la vigencia del sistema democrático. Señalan que se ha producido un conflicto entre derechos fundamentales ya que las libertades de información y expresión deben entenderse como límites a la libertad de empresa y la libertad contractual: la libertad de empresa y contratación no son absolutas. Finalmente, muestran, con datos, que el Perú ha batido todos los récords de concentración de medios en el mundo, siendo el país más concentrado. Esta no es, pues, una discusión entre libre mercado e intervencionismo, sino una entre pluralidad y acaparamiento. ¿Alguien dirá que Augusto Álvarez o Rosa María Palacios se oponen al libre mercado?

Todos los propietarios de medios, con diferentes grados de pluralidad y objetividad, utilizan sus medios para promover sus visiones políticas, eso es inevitable. Pero el problema central no son las pésimas prácticas periodísticas de El Comercio ni su línea política conservadora y neoliberal que, por último, son discutibles y sujetas a preferencias personales. El problema es el acaparamiento. El objetivo de quienes criticamos esta situación no es que el 80% lo ocupe La República, La Primera o el Estado, por poner ejemplos, sino asegurar la pluralidad. O si se quiere, garantizar lo que señala la Constitución en su artículo 61, que es bastante claro: “en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares”.

Las definiciones y usos que se le dan al término “libertad”, o más específicamente “libertad de expresión”, están en disputa. El hecho de que 80% de la prensa escrita interprete el significado de la libertad en una forma tan peculiar no significa que su interpretación sea cierta, natural, ni la única. En buena cuenta el debate sobre la concentración de medios es una discusión sobre qué entendemos los peruanos por libertad y qué esperamos de la libertad de expresión. El Comercio no quiere que el tema siquiera se discuta: quiere evitar que sea admitido para revisión por el Poder Judicial a través de una leguleyada, critica que el Presidente se pronuncie, está en desacuerdo con que congresistas presenten proyectos de ley, etc. Pero el público tiene derecho a estar informado y tiene además la libertad de exigir que el tema se discuta, en todos los niveles posibles, y que el resultado del debate no sea, para variar, un saludo a la bandera. (Juan Luis Dammert Bello, 4 de enero del 2014)