El punto de partida de toda política pública, para que sea eficaz y eficiente, es la información. Uno se pregunta, ¿y esta política nueva, a cuánta gente va a beneficiar, por qué, cómo, dónde, de qué forma? ¿cómo estaba antes y cómo estará después?


Gráfica de Álvaro Portales

Es evidente que si no contamos con información, por múltiples razones, nuestra política puede funcionar o no, pero nunca nos vamos a dar cuenta. Es una política voluntarista, quizá hasta efectista y construida para las cámaras.

Con el aborto, lo que tenemos es una política pública por omisión. Rosa María Palacios apunta en su columna de hoy que estamos en una situación de equilibrio, donde si bien es cierto el aborto está penalizado, en la práctica nadie ha ido a la cárcel por ello. El aborto es, según ella, libre y accesible para cualquier mujer. Digamos, no son sus palabras, es como con las películas pirata; la piratería en el Perú es ilegal, la Ley de Derechos de Autor protege a los autores y a los productores de obras, pero nadie en el país ha ido a la cárcel por comprar una película pirata.

El problema, en realidad, es que aún cuando una mujer no haya ido a la cárcel por abortar, es que la penalización sí trae consigo muchas consecuencias. Para empezar, porque aún cuando haya información científica disponible sobre el uso de medicamentos para la interrupción del embarazo en internet, esta información muchas veces no es suficiente, o simplemente no es accesible para todas. No voy aquí a colocar cifras de acceso a información o a internet, pero no en todo el país existe. Y las condiciones, incluso, para hacer llegar esta información, se encuentra bajo amenaza permanente. Sino, esta información sería publicada en medios de comunicación masiva, será difundida de muchas maneras, cosa que no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Justamente, porque la penalización introduce ruido al acceso a la información.

¿Y cómo hace una mujer fuera de Lima o con nulo acceso a internet para informarse? ¿A quién acude?

Luego, está el acceso al servicio. ¿Cuánto cuesta una pastilla que permite la interrupción al embarazo? Esa información no puede hacerse tampoco pública. Al ser una pastilla regulada para casos concretos, su venta es exclusiva mediante receta médica. Ni una farmacia venderá la pastilla sin riesgo a ser denunciada. Inclusive, el dar información sobre a qué farmacia acudir puede conducir a riesgo de denuncia, papeleo; puedes no ir a la cárcel, pero hay un costo introducido, justamente por la penalización. La penalización introduce costos, ruidos al acceso a la información. Hasta es probable que no te vendan la pastilla adecuada. ¿Y cómo hace una mujer fuera de Lima que, sigamos la hipótesis, ya consiguió la información? ¿Cómo hace una mujer rural?

Con tanto ruido en el acceso a información segura, muchas mujeres acuden o hacen lo que pueden para interrumpir el embarazo. Muchas mujeres ponen en riesgo su salud, cuando no mueren. Nuevamente, no podemos tener cifras exactas que permitan tener ninguna política al respecto, porque no todas van a decirle a un encuestador “sí, yo aborté” (a pesar de que varias, valientemente, lo vienen diciendo). La penalización daña y, en algunos casos, pocos o muchos, mata. Una mujer con dinero podría ir a una clínica privada donde, caletamente, pueda ser acompañada por un médico; una mujer sin dinero va a tener que aguantarse los posibles efectos. Salud y clase social se entrecruzan; una mujer con menos dinero posiblemente sea expuesta a peores condiciones para interrumpir su embarazo y eso podría afectarle a ella, a su integridad física, a su salud, a sus posibilidades futuras para seguir trabajando, ser madre, etc. La penalización, ante todo, es un problema de clases sociales y termina beneficiando a quienes hoy en día tienen más privilegios.

La despenalización apunta o debe apuntar a romper tales privilegios y brechas. Que una mujer pueda solicitar información científica y segura en un hospital o clínica, pública o privada, y no a escondidas. Que los lugares insalubres como los centros de “atrazo menstrual” sean cerrados. Que los medicamentos sean accesibles sin temor a que cierren la farmacia. Que el estado pueda tener cifras y proyecciones sobre la salud de las mujeres y que en base a ello pueda realizar políticas públicas eficaces y eficientes.

Con todas esas discrepancias, rescato del texto de Palacios la necesidad por ser empáticos con la mujer que aborta. Ella no necesita de nuestra pena, sino nuestro respeto como ciudadana. Pero la ciudadanía se ejerce en serio, no a escondidas.

PS. Dos lecturas:

– Sobre las actitudes y percepciones alrededor del aborto, el Colectivo Católicas por el Derecho a Decidir, con el apoyo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano (IESSDH), realizaron un estudio en tres ciudades.

Primer reporte de la Colectiva por la Libre Información de las Mujeres (al año del funcionamiento de su línea telefónica). Entre los datos que tienen: 56% de las mujeres que llamaron tenían idea ya sobre el uso de medicamentos para interrumpir el embarazo:

“A pesar de no contar con el nombre exacto del medicamento ni con ninguna información sobre su uso y contraindicaciones: 24% no conocían el nombre y tampoco conocían los esquemas de uso; 15% conocían el Misoprostol usado por vía vaginal; 13% conocían el Misoprostol usado vía oral; 4% conocían el Misoprostol usado vía oral y vaginal. Mientras que el 35% conocía del aborto quirúrgico (Legrado Uterino y Aspiración Manual Intrauterina – AMEU), no todas con conocimiento del tipo de procedimiento. El 9% de las mujeres que llamaron afirmaron haber escuchado de inyecciones y plantas para abortar.”