Creo que esta información puede servir a todos. Es el Ranking de empresas de transporte interprovincial de pasajeros con más accidentes, elaborado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Si se fijan, las empresas con más accidentes no trabajan en Lima, y Soyuz ocupa un puesto bastante discreto (en comparación, no sé, a una compañía como Cruz del Sur, con más accidentes pero que no ha sido cerrada). Lo cual habla nuevamente del inocuo papel que ha tenido Verónica Zavala al frente del Ministerio de Transportes y su tan mentada campaña “Tolerancia Cero”. Lo cual puede reafirmar la idea que el Ministerio actúa más por reacción que por acción. Bravo.
Siguiendo con lo escrito ayer, tres posiciones distintas sobre el transporte público interprovincial.
La primera, equivocada, cree que el problema es cultural, que todo se reduce a la idiosincracia de los choferes (mujeriegos, borrachos). Claro, tenía que ser Alditus (que, oh sorpresa, ha convertido, ahora sí, su columna en un blog en el sentido estricto de la palabra… así que me imagino que vendrá luego el libro):
Le reclamo a un amigo que ha trabajado por años en una empresa de buses interprovinciales sobre estos accidentes y me responde: Ya, es cierto que existen abusivos que hacen conducir a choferes sin descanso, pero también éstos son bien difíciles, como es la gente acá en general. Llegan a una ciudad y en lugar de irse a reposar en el cuarto asignado, se van a buscar mujeres, a emborracharse. Y así agarran el timón al día siguiente. Son muy irresponsables, como los futbolistas. Tienen a la mujer oficial en Lima y a sus ‘sucursales’ en cada provincia para juerguearse. ¿Eso cómo lo controlas? Tendrías que tener cuartos con barrotes en cada ciudad. (Del blog de alditus).
Claro, el problema del fútbol peruano la tienen los futbolistas (y no los dirigentes, la falta de torneos amateurs, una política inclusiva con respecto al deporte, etc.). De igual modo, los choferes tienen la culpa de que todo sea como es. Ajá.
Otro punto de vista, más integral viene de Santiago Pedraglio, en su columna de hoy de Perú21 (otra cosa ahora que hay rss para columnistas):
Hacer que el transporte público interprovincial sea más seguro exige el compromiso de sectores que deben vincularse ante una situación que no se puede calificar sino como emergencia: el gubernamental, que compromete sobre todo a Transportes, Interior y Trabajo, y a la administración de justicia; el empresarial; el de los trabajadores transportistas y el de los usuarios. La responsabilidad central recae en los ámbitos gubernamentales y en los empresarios del ramo, pero a todos les cabe una cuota que deben asumir. Urge la mejora de la infraestructura y de las condiciones de control y fiscalización. Es inaudito, por ejemplo, que en Lima existan cerca de 250 terminales terrestres, según informa Lino de la Barrera, asesor de la ministra de Transportes. (Transporte de pasajeros: emergencia a la vista).
Termino con la visión mordaz de Carlín sobre Tolerancia Cero. ¿Dónde están los supervisores? ¿No deberían estar dentro del bus? ¿No sería una medida interesante?
¿Alguien duda de la ineptitud de la Ministra Zavala para enfrentar el problema?
Lógicas privadas versus lógicas públicas. Desde fines de la década de los años ochenta, fue difundiéndose la idea de lo privado/empresarial como superior (más eficiente e inclusive, más justo) que lo público/estatal. El intento de estatizar la banca, fue la excusa perfecta para los empresarios para consolidarse, buscar una figura carismática (y al no encontrarla, recurrieron a una figura mediática, como Mario Vargas Llosa) y crear la consigna de que el mercado puede antes que el estado, distribuir mejor los recursos. Ese discurso fue la base de lo que luego sería el paquete de reformas estructurales del gobierno de Fujimori y que Alan García está ahora desarrollando.
En ese sentido, tomando como caso el transporte de pasajeros (urbano, interurbano, interprovincial, etc.), el principio es el de la privatización del servicio, y que este se auto-regularía por acción del mercado. Es decir, los clientes (ya no ciudadanos), van a optar por tal o cual empresa, de acuerdo a lo que esta ofrezca, en términos de calidad de servicio y precio.
Claro, en la lógica de primar el derecho a la libre empresa sobre el derecho al transporte público, las compañías de transporte van a buscar siempre bajar los costos de “producción del servicio” (como los sueldos de los choferes, las horas de trabajo de los mismos, el descanso de los buses). Es lo lógico. Así funcionan las empresas: maximizar la ganancia.
Por eso suena como algo lindo e ingenuo los esfuerzos de la ministra y su “Tolerancia Cero”: Cobradores que te dicen justo antes del control que te pongas los cinturones de seguridad, paraderos en cualquier lado, te pueden hacer bajar y caminar por la carretera hasta pasar el control de “Tolerancia Cero”. En fin.
Lo del transporte requiere hace rato una reforma, en la que prime el derecho de transporte público al derecho a la libre empresa, y eso debería correr tanto para los servicios urbanos como inteprovinciales. Establecer rutas, sistemas, tamaño de los buses, características, estándares de calidad, cantidad de choferes, etc., y de allí concesionar el servicio.
